Encuentro Macro Regional Sur “La evolución de la trata de personas en el marco del Bicentenario y en el contexto de la pandemia del COVID- 19” presentó sus conclusiones

El 28, 29 y 30 de septiembre se realizó el VI Encuentro Macro Regional Sur “La evolución de la trata de personas en el marco del Bicentenario y en el contexto de la pandemia del COVID- 19″, teniendo al Gobierno Regional de Cusco como como anfitrión, a CHS Alternativo y la Veeduría Mirada ciudadana como organizadores, y al Departamento de Estado y USAID como auspiciadores.

Este importante encuentro reunió a más de 200 integrantes de la sociedad civil, el Estado y la cooperación internacional, para compartir información, experiencias y generar sinergias y coordinación alrededor de la trata de personas y otras actividades que atentan contra la dignidad especialmente en la Macroregión Sur. Como resultado de tres días de trabajo se arribaron a las siguientes conclusiones:

1. El análisis histórico ha dejado al menos nuevas dos constataciones,
   1. La existencia de diversas formas de explotación aún existentes que deben ser analizados con mayor profundidad. Por ejemplo, se mencionaron: Ferias agropecuarias, participación en la industria informal textil; el Comercio fraudulento de equipos; y extensión de la apropiación de la fuerza laboral (cachorreo, pastoreo, matrimonio forzoso, etc.). Pero también es necesario entender que “la esclavitud de antes son los vulnerables de ahora”, entendiendo vulnerabilidad como exclusión y desigualdad social.
2. La relación entre la desigualdad, los conflictos y la normalización de las relaciones de dominio y explotación que impiden que los conflictos sociales sean superados, pues no se basan en relaciones equilibradas entre las partes, incluyendo al propio Estado que tiene limitaciones en su carácter mediador, aunque en realidad es parte del proceso. Por lo demás, no puede dejar de mencionarse la alta concentración de la conflictividad social en la región Sur.
3. En estos escenarios, la preocupación por las personas afectadas o en riesgo de serlo resulta de vital importancia. Efectivamente, a diferencia de ediciones anteriores, hay nuevos enfoques que especializan cada vez más la adecuada respuesta del Estado y que son una demanda de la comunidad internacional, pero que a la vez permiten reducir posibles daños adicionales a las afectaciones que genera esta problemática.
4. En este contexto, los enfoques que han merecido especial atención son:
5. El enfoque de género e interseccional con una aproximación desde un adecuado acceso a la justicia (puede recordarse que los operadores de justicia no suelen tenerlo en cuenta, pese a ser enfoques que han merecido un desarrollo institucional en el Poder Judicial y otros organismos), siendo necesario seguir fortaleciendo las competencias especializadas y las competencias blandas para su aplicación;
6. El enfoque de ciclo de vida, que demuestra la alta vulnerabilidad de los fenómenos de explotación dependiendo de la etapa de desarrollo, y que el mayor beneficio de una persona menor edad puede depender de intervenciones previas en un grupo de edad anterior.

Una forma de desincentivar el delito es haciendo frente a las actividades criminales. En este plano, el análisis criminológico y la intervención reactiva y proactiva del Ministerio Público es de vital importancia. Desde esa perspectiva debe destacarse:

1. La importancia del trabajo articulado entre las instituciones del sector público y privado para recabar información que permitan encuentra las acciones de inteligencia de la PNP y el Ministerio Público;
2. Optimizar la labor de las FISTRAP, especialmente en las zonas geográficas de difícil acceso y con bajo índice de denuncias, para garantizar acceso a la justicia y procesos judiciales eficaces, sin impunidad.

• Promover el trabajo conjunto entre las gerencias de seguridad ciudadana, comisarias, fiscalías, juzgados y establecimientos penitenciarios; generando un código único de víctimas que, además, haga posible favorecer acciones de protección y asistencia.

La actuación fiscal, que se ha visto fortalecida de manera superlativa los últimos años desde la creación de las FISTRAP, dejan importantes conclusiones sobre las características actuales del delito:

1. La importancia que ha cobrado el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad en las prácticas de TdP y otras formas de explotación.
2. Las condiciones incluyen situaciones como la pobreza, la desigualdad, la discriminación y otros, que limitan las opciones personales y facilitan la actividad de los tratantes, y su tratamiento o abordaje a nivel fiscal pueden ser encontradas en la “Guía de Santiago”;
3. La adaptación de los medios comisivos en el marco de la Pandemia del COVID-19. Actualmente, se han incrementado los factores de riesgo donde los entornos virtuales han cobrado importancia, dado que facilitan la captación y explotación de las víctimas;
4. La pandemia también dificultó la respuesta del Estado, porque la cuarentena implicó el cierre de muchos centros de explotación (bares, hoteles, talleres, etc.), pero también las acciones de persecución del delito se vieron disminuidas. En ese sentido, puede señalarse que las formas de explotación se adaptaron a la pandemia, volviéndose más clandestinas o, si se prefiere, menos tradicionales.

También resultaba importante conocer la situación de la reparación civil, luego de la aprobación de la Ley N° 31146. Al respecto, es importante entender, que si bien la ley fue un avance, los desafíos operativos y para otras instancias del Estado son importantes. Algunos de los desafíos son:

1. El registro de orden judicial y de información del recurso; el control y administración de bienes para garantizar su valor y utilidad patrimonial, el tener que evaluar pedidos de subastas anticipadas de bienes y el realizar los reportes de pedidos a Fiscalía de Trata de Personas.
2. La recuperación de recursos del Estado y el registro de personas condenadas por delitos de trata de personas y explotación;
3. La necesidad de disponer medidas desde el inicio del proceso para que los bienes no se oculten; las acciones para evaluar medidas alternativas a la incautación (inmovilización, medidas cautelares); y, el proceso para autorizar pedidos de PRONABI o Fiscalía para subasta anticipada;
4. Las acciones de coordinación entre las Fiscalías de Trata y Fiscalías de Extinción de Dominio, para determinar los criterios que deben aplicar para la prelación de bienes y las acciones de persecución de bienes con fines de reparación, entre otros.
5. A estos desafíos debemos sumarle el debate pendiente sobre el rol subsidiario del Estado en la magnitud y reparación del proyecto de vida de las personas afectadas por los delitos de explotación. En este caso, siendo la dignidad piedra angular de los derechos humanos, corresponde que el estado asuma su responsabilidad por aquellas situaciones donde no ha podido responder a tiempo. Por supuesto, en esta reparación debe ser integral, incluyendo una “acceso a la justicia terapéutica”; y el Estado puede considerar el costo de los servicios que brinda el Estado como atención psicosocial, salud y educación y cualquier otra medida, para lo cual surge la pregunta del cálculo del monto de la reparación.
6. La respuesta del Estado también involucró a los sistemas de protección, donde nuevamente la pandemia y sus efectos aparecen como una dificultad. En el encuentro se recibió información sobre las prioridades y acciones específicas realizadas en favor de las NNA afectadas por la TdP. Dentro de las primeras, se puede destacar que, pese a las limitaciones se priorizaron medidas especiales para la protección y la asistencia a los niños víctimas (por ejemplo, en salud mental), para NNA que residen en Centros de Acogida Residencial, donde también se brindó herramientas de intervención para el personal frente al COVID-19.
7. Como notamos, la pandemia ha visibilizado muchos problemas que ya existían pero sus implicancias han sido mayores en las regiones. Por ejemplo, las dificultades acceso a las telecomunicaciones o videollamadas casi imposibles para pacientes del sistema de salud de las zonas rurales se agravó. En ese sentido, la descentralización es importante porque permitirá acercar los servicios de salud mental a la población.
8. El actual momento de la situación de la trata de personas coincide con un proceso importante de programación de la Política nacional de Lucha contra la Trata de Personas, un proceso complejo, eminentemente técnico, pero que también debe ser participativo. Habiéndose aprobado la política, corresponde ahora empezar la “territorialización” de la misma. Ese proceso se debe realizar en los Planes de Desarrollo Concertados Regionales, lo que plantea retos inmediatos o actuales, según la región. Una debilidad para la aplicación de la Política Nacional de Trata, es la limitación de no contar con presupuestos apropiados y específicos para su implementación. En esa medida, es necesario que el MEF comprenda la importancia de enfrentar estos delitos contra la dignidad humana y provea de los presupuestos requeridos.