Familias de escasos recursos exigen al estado desembolso para solucionar sus problemas de vivienda

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Familias de escasos recursos a nivel nacional exigen que el Estado destine el presupuesto para bonos de construcción en sitio propio, a fin de atender sus necesidades de vivienda. Por ello, realizaron un plantón en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para exigirle el presupuesto para la construcción de viviendas dignas de 35 metros cuadrados, ya que actualmente ocupan viviendas precarias construidas con maderas o esteras y duermen a la intemperie causándoles enfermedades respiratorias severas.

Un grupo de ellos acordaron con la viceministra de Vivienda y Urbanismo, Carmen Lecaros Vértiz asignar un presupuesto adicional para el 2022 por 25 mil bonos familiares, abrir los centros autorizados y las Actas Finales de Obra para inscribir a las familias elegibles, tener para el 2023 un mínimo de 60 mil viviendas y sincerar el bono igualarlo al de reconstrucción de 6.8 UIT y que el ahorro 0.43 como era antes de la pandemia.

“No estamos satisfechos con estos acuerdos porque la viceministra solo ha repetido un ofrecimiento manifestado en medios de comunicación. Indica que disponen de un presupuesto de 200 millones que equivalen a 7800 bonos, pero es un sobrante del sector, y ahora señalan que van a gestionar un adicional con el Ministerio de Economía y Finanzas”, señaló un representante de las familias afectadas.

Asimismo, el dirigente detalló que la funcionaria del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento indicó que el presupuesto del próximo año será de un 60 por ciento para construcción en sitio propio y el 40 por ciento para adquisición de vivienda nueva. Detalló también, que los convocarán en diez días para participar en una mesa de trabajo para asignar los bonos a las familias más necesitadas.

Pobladores que asistieron a la marcha indicaron que esta problemática perjudica a sus familias que no tienen un techo donde habitar y a las pequeñas empresas que invirtieron en estos proyectos. Además, señalan que al paralizar esta modalidad afectan también a las familias de los trabajadores de otras ramas del sector construcción.

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